El Celta acude al proceso concursal como única vía para evitar su desaparición pero sin el convenio de acreedores cerrado. La falta de un acuerdo con Caixanova ha sido su principal revés. Para que se constituya el convenio de acreedores necesitaría la inclusión del 51 por ciento de los créditos comunes. El hecho de que el club vigués no haya alcanzado un pacto con la entidad crediticia no significa que no pueda lograrlo en las próximas semanas mientras mantiene abierta la negociación.

El Celta tiene firmados créditos por valor de 24 millones de euros con Caixanova lo que le convierte en uno de sus principales acreedores. El tira y afloja entre Mouriño y la entidad parece que aún puede ir para largo. El acreedor podría renunciar a una parte de la deuda, o convertirla en convenios de publicidad, y al mismo tiempo Carlos Mouriño, por medio de la ampliación de capital, destinaría dinero a paliar parte de dicha deuda. La entidad financiera es su principal acreedor, de modo que renegociar la deuda es imprescindible para sacar adelante el plan de viabilidad previsto para los próximos cinco años. En ese plan, el presidente céltico aseguró hace unos días que el club vigués lograría en un plazo de tres a cinco años reducir la deuda a 17 millones. La primera pata para lograrlo era llegar a un acuerdo con Caixanova.

La segunda era el convenio con Ayuntamiento de Vigo para la utilización de Balaídos. A pesar del apoyo del alcalde, todavía no se ha planteado este tema ante el resto de partidos de la corporación municipal. El teniente de alcalde, Santiago Domínguez, ya mostró sus reticencias a firmar un acuerdo para los próximos 20 años sin que se produzcan una serie de contrapartidas por parte del club vigués y que palíen el gasto que este convenio supondría al Concello.

De los 84 millones de euros que debe el Celta, 21 se los debe a Hacienda. Con este organismo los contactos están en una fase mucho más inicial. Aquí la quita de deuda dependerá más de lo que dictamine el juez.

Ayer el club vigués declinó hacer ninguna valoración oficial sobre su entrada en el proceso concursal. Se limitó a enviar un escueto comunicado en el que solo admitía que había presentado la documentación.

En octubre de 1990, los clubes de 1.ª y 2.ª División debían 35.000 millones de pesetas. Para que no volviera a producirse una situación como esta, el legislador, en la Ley del Deporte, diseñó un Plan de Saneamiento en virtud del cual obligó a la mayoría de los clubes a convertirse en sociedades anónimas deportivas (las SAD) y los sometió a un fuerte intervencionismo administrativo.

Dicho plan condujo también a que los clubes se recapitalizaran: como sociedades anónimas deportivas no solo nacieron sin deudas, sino que en ese momento recibieron de sus socios, a cambio de las acciones, nada menos que 15.262.874.000 pesetas.

Pues bien, ahora, el mundo del fútbol vuelve a estar inmerso en un gigantesco descalabro económico. Actualmente, las deudas de los clubes de 1.ª y 2.ª División ascienden a la cifra escalofriante de 2.903.000.000 de euros (unos 483.000.000.000 de pesetas). Lo cual significa que se han gastado no solo el indicado capital que recibieron a primeros de los años 90, así como los cuantiosos recursos económicos procedentes de televisión y de otros ingresos atípicos, como los publicitarios, de patrocinio, de merchandising, operaciones urbanísticas, etcétera, que obtuvieron durante estos años, sino también la mareante cifra de dinero que aún deben.

Comienzos de los noventa

El tiempo ha demostrado, pues, que el sistema fracasó, y que esa regulación especial de las SAD no ha podido evitar que los clubes de fútbol hayan llegado a una situación de endeudamiento mucho mayor de la que tenían a comienzos de la década de los noventa. Ante esta situación, no es extraño que a más de uno se le haya ocurrido preguntarse a qué se debe este rotundo fracaso. Desde luego, no es solamente consecuencia de la legislación. Los clubes de fútbol, en tanto que sociedades anónimas, son empresarios y, como tales, están sometidos a las mismas normas contables, fiscales, mercantiles, laborales y penales que estos. Más aún: los clubes están sujetos a normas más severas que muchos otros empresarios en la medida en que están sometidos, en ciertos aspectos, al control de la Liga de Fútbol Profesional y del Consejo Superior de Deportes.

Si el problema no está en la legislación, tiene que radicar, lógicamente, en cómo se aplica la misma en la práctica. Es indiscutible que los primeros responsables del rotundo fracaso económico de los clubes son quienes los gestionan: sus consejos de administración. Si enlazamos la ruinosa situación económica actual de los clubes de fútbol con la gestión de sus dirigentes, parece claro que estos no se han conducido con arreglo a pautas de rigor y profesionalidad, y que han dejado que primaran los aspectos puramente deportivos sobre los económicos, olvidando que tenían que gestionar los intereses sociales en su conjunto y no solo en el aspecto deportivo. Pues bien, esta forma peculiar de gestionar los clubes de fútbol es posible porque en muchas ocasiones los gestores incurren en manifiestos incumplimientos de la ley.

Pero así como cuando un empresario no futbolístico incumple la ley, se ponen en juego inmediatamente todos los controles del sistema -incluso el de la imputación de responsabilidad personal al gestor- con el fin de que acabe cumpliendo o que desaparezca del mercado tras la liquidación derivada del concurso, nada de esto sucede con los clubes de fútbol. Si los gestores incumplen las normas contables, fiscales o societarias, parece que no pasa nada. Y no pasa nada, entre otras, por las dos razones siguientes.

Mal control

La primera de ellas es que no se acertó enteramente a la hora de elegir las instituciones a las que se confió el control de las SAD. En efecto, la Liga de Fútbol Profesional -primera institución de control- está formada por los propios clubes de fútbol, por lo cual a nadie debe sorprender que no funcione el autocontrol . En los tiempos que corren, incluso el más confiado de los mortales espera poco de un sistema en el que los controladores y los controlados son los mismos. Por su parte, el Consejo Superior de Deportes -segunda institución de control- tiene carácter político, y como el mundo del fútbol parece arrastrar muchos votos, no es impensable que nuestros políticos intenten evitar a toda costa la adopción de decisiones impopulares. Y por aquí surge la segunda de las razones: el hecho de que los clubes de fútbol reciban un trato privilegiado por parte de la Administración, sin que exista causa alguna que lo justifique, solo se explica por las razones políticas que se acaban de apuntar.

Pero no solo la irresponsable gestión de los administradores de los clubes y las causas que se acaban de apuntar explican la situación ruinosa del fútbol profesional. También tienen su parte de responsabilidad los acreedores de los clubes, los cuales, lejos de exigirles el pago puntual de las deudas -evitando con ello su galopante crecimiento-, les dispensan un trato privilegiado que no tienen con ningún otro deudor y que solo puede explicarse porque se sienten acobardados frente a ellos. Los principales acreedores de los clubes son los jugadores, los proveedores (entre los que figuran los intermediarios que intervienen en los traspasos), las entidades de crédito y la Administración Pública.

Cumplen con los agentes

De todos estos, con los que mejor cumplen los clubes es con los intermediarios y, en parte, con los jugadores. Con los primeros, además de por otras razones más o menos confesables, porque si no les pagan no hay nuevos fichajes. Y con los jugadores porque no les suelen pagar todo: los clubes, con el consentimiento de los propios futbolistas (para pagar menos impuestos), dividen sus ingresos entre los derivados del contrato federativo -que son los que se suelen abonar porque si no los descienden de categoría- y del contrato de imagen, que suelen acabar reclamando ante los tribunales de justicia, pero cuando ya no están en el equipo.

La conducta tolerante de los demás acreedores solo puede explicarse porque se sienten acobardados ante la supuesta fuerza social de los clubes. Pero así como si no reclaman los proveedores el problema es solo de ellos porque defienden su propio interés, la pasividad de las entidades de crédito y de la Administración Pública (Hacienda y Seguridad Social) es inadmisible por la fundamental razón de que gestionan intereses de terceros: el de sus propietarios y el de los depositantes, en el caso de las primeras; o el interés económico general, en el segundo caso. Pues bien, en atención a los importantes intereses que defienden, estos dos acreedores están obligados a emplear la misma diligencia con los clubes que con los demás deudores. Lo que no pueden pretender, en ningún caso, estos acreedores es encubrir su acobardamiento propiciando nuevos planes de saneamiento del fútbol que acabaremos pagando la generalidad de los ciudadanos. Porque si la inmensa tarta del fútbol se la han estado comiendo durante estos últimos años solamente unos pocos manirrotos, no parece serio que ahora nos pidan a los demás ciudadanos que les paguemos no solo el festín que se han dado, sino que les compremos un nuevo pastel para seguir empachándose durante los próximos años.

El Deportivo tiene un serio problema a corto plazo. Según la memoria que el notario adjuntó al acta de la última junta de accionistas, el club que preside Augusto César Lendoiro tiene que pagar 52,4 millones de euros (unos 8.700 millones de pesetas) a diferentes entidades bancarias antes del próximo día 15 de julio. De esos, es posible que 7,4 millones de euros (1.231 millones de pesetas) correspondientes a la deuda con Investec Banc y Blarclays ya hayan sido abonados, toda vez que los créditos vencieron el pasado mes de julio. Si eso fue así, le quedan por abonar 45 millones de euros (7.500 millones de pesetas).

Aunque esta información nunca fue facilitada a los accionistas, el Deportivo detalla este año en un anexo al acta las deudas que mantiene con diferentes entidades de crédito. Según figura en esa documentación, la sociedad que preside Lendoiro debe devolver al Banco Gallego 41 millones de euros (casi siete mil millones de pesetas) antes del 15 de julio, fecha del último vencimiento de los plazos establecidos.

Quince días antes, debería hacer frente a los 4 millones de euros (algo más de 600 millones de pesetas) correspondientes al préstamo de Caixa Galicia. Este, que en su día fue de 24 millones de euros (4.000 millones de pesetas) y del que le quedan por pagar 16,4 millones (2.700 millones de pesetas) vence el 30 de junio del 2016.

Toda esta información, denegada reiteradamente a los socios durante los últimos años sin explicación alguna.

La deuda con Hacienda alcanza los 57 millones, casi 12 a corto plazo